VARELA C/ DISCO: ACERCA DE UN NECESARIO FALLO DE LA CORTE (O NO NECESARIO): EL REGRESO DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y UN GUIÑO A LA CLASE TRABAJADORA

Leandro D. Laurito – Abogado laurito@lmdld.com.ar

Hace escasos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máximo tribunal en nuestro ordenamiento jurídico, dictó un fallo que vuelve a re-afirmar algunas cuestiones que hacen a nuestro actual Derecho Colectivo y especialmente a la protección de la actividad sindical general. Comentarios jurídicos puros ya abundan en quienes leemos publicaciones de derecho, pero los medios de comunicación masivos poco interés demostraron en publicar la opinión de nuestra máximo tribunal.

Más allá de las enseñanzas jurídicas de nuestra Corte, las que breve y sintéticamente mencionaremos más adelante, interesante resulta detenerse en el análisis de los hechos que motivaron el dictado del fallo, para lograr advertir una realidad cada vez más común en el mundo de las relaciones laborales y sindicales: el premeditado desinterés de los sindicatos en el cumplimiento de su propio objeto-fin. En nuestro caso, el Sr. Varela, resultaba un trabajador de un supermercado “Vea” ubicado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En el año 2005 resultó despedido por la empresa sin invocación de causa. Dicho despido ocurrió luego de que Varela instara reclamos por incumplimientos de la parte patronal y promoviera el intento de la designación de un delegado de personal mediante la solicitud expresa al sindicato actuante de la zona y luego ante el Ministerio de Trabajo. El gremio nunca mostró interés en llamar a elecciones de delegado e hizo oídos sordos incluso el pedido expreso de los trabajadores. Aún verificándose los presupuestos habilitantes para que se pudiese celebrar dicho acto electoral nunca convoco a elecciones y Varela acudió infructuosamente al Ministerio de Trabajo. De allí el juego de palabras del título de este escrito, y el interrogante que se plantea en torno al posible distinto desenlace: ¿Qué hubiese sucedido si el sindicato actuante hubiese accedido a la solicitud de Varela en torno a efectuar la solicitada elección de delegado de personal, inexplicablemente negada?

Llegan los actuados a la CSJN toda vez que, en primera instancia, se hizo lugar al reclamo del accionante pero la Cámara y Corte Provincial de Catamarca rechazaron el reclamo. Entendieron, estos últimos, que la protección de la Ley de Asociaciones Sindicales solo resulta aplicable para representantes gremiales. La “opinión” contraria de la CSJN no resulta una primicia porque solo reafirma el criterio que ya había adoptado en anteriores fallos donde se ventilaron despidos discriminatorios (fallos Alvarez c/Cencosud y Pellicori c/CPACF). Pero si, al menos, deviene en llamativa, si recordamos los recientes fallos de la CSJN en temas laborales, su actual conformación y su inevitable “inclinación política” actual. Al leer el fallo, no debemos pasar por alto el actual contexto donde desde el gobierno se intenta desesperadamente flexibilizar el derecho laboral. En dicho caso las relaciones de fuerzas del mercado de trabajo se volverían a regir por su propia dinámica y se volvería a un despiadado capitalismo que la Corte, ahora con un guiño a la clase trabajadora, parece volver a intentar frenar.

Un comentario de un fallo no sería tal sin extraer los principales “enunciados” del mismo. Brevemente entonces señalaré que entre otras, la Corte reafirma el principio de inversión de la carga de la prueba y determina que, cuando se discute la verificación de un despido discriminatorio, la existencia de dicha discriminación se considerará probada si el interesado acredita al menos de modo verosímil que la medida fue dispuesta por esa razón y, en ese caso, el demandado no prueba que responde a un móvil ajeno a la misma. En dicho orden señala la Corte que el afectado solo debe probar haber llevado adelante una actividad protegida por las normas que invoca, en nuestro fallo: actividad sindical.

Si el despido practicado resulta no causado (es decir sin manifestación o exteriorización de causales injuriantes que motivaren la máxima sanción) la parte empleadora deberá acreditar que el trato dispensado al trabajador en cuestión no obedeció al motivo discriminatorio reprochado; por el contrario, si el despido se dispuso con invocación de causa, es suficiente que el empleador acredite que dicha causa razonablemente se ha configurado.

Por su parte nos explicita el Máximo tribunal que la ley 23.592 (Ley de protección contra actos discriminatorios) no excluye de sus previsiones al ámbito laboral privado y que resulta aplicable conjunta y armónicamente con las protecciones del activista sindical que otorga el art. 47 de ley 23.551 (Ley de Asociaciones Sindicales).

Debemos destacar en párrafo aparte, la posibilidad expresa que brinda la Corte, en torno a que, la parte empleadora que despide a un trabajador sin invocación de causa, ante la alegación del ex dependiente de que se trato de una medida discriminatoria, podrá igualmente alegar y probar la existencia de “causales” que motivaron el cese. Podrá entonces igualmente la empleadora, intentar desvirtuar la existencia de un despido supuestamente discriminatorio, por más que no se haya expresado en la misiva rescisoria los supuestos motivos que precedieron al despido. En otras palabras, si se despide sin invocar una causal, igualmente podrá la parte empleadora, intentar probar que existió una causal para despedir distinta a una presunta discriminación.

Finalmente, la Corte hace remisión al llamado principio de “progresividad”. Muchos operadores del derecho creímos que el máximo tribunal había olvidado la vigencia del mismo en sus últimos fallos dictados por ejemplo en temas relacionados con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la última reforma a Ley de Riesgos del Trabajo. Culmina el decisorio reafirmando que: el trabajo resulta actividad humana inseparable de la persona y por lo tanto de su dignidad.

Es justamente este anhelo de que, en su faz productiva bajo relación de dependencia, se pueda dignificar al ser humano. Ello motiva a destacar el fallo “Varela” como salvaguarda de los derechos de agremiación y de defensa de derechos colectivos. Protección que, en opinón de la Corte, se debe aplicar aún en trabajadores que no detentan tutelas sindicales específicas. Es el anhelo de quienes ejercemos el derecho laboral, que nuestra Corte siga recordando la existencia del principio de progresividad que parece ahora recordar pero no aplicar últimamente. El principio de progresividad, que plasmado en nuestra Constitución Nacional, como norma rígida de nuestro ordenamiento legal, nos obliga a todos, en lo que a derechos humanos respecta, a avanzar y nunca retroceder.